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08/09/11.-El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) incluyó a funcionarios venezolanos en una lista de “narcotraficantes” por su supuesto apoyo a grupos insurgentes colombianos, conclusión que sustentan en las desestimadas “pruebas” halladas en las presuntas computadoras del asesinado Raúl Reyes, líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Los nombres que aparecen en la lista divulgada este jueves por la Oficina de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac, por sus siglas en inglés) son los del parlamentario Freddy Bernal, el general Cliver Alcalá, Amílcar Figueroa, ex presidente alterno del Parlatino, y el oficial de inteligencia Ramón Madriz.
“La decisión de hoy expone a cuatro funcionarios del Gobierno venezolano como colaboradores claves de armas, seguridad, entrenamiento y asistencia de otro tipo a las operaciones de Farc en Venezuela”, dijo el director de Ofac, Adam Szubin, según reseñaron agencias.
El Gobierno venezolano, en la figura del canciller Nicolás Maduro, rechazó tales señalamientos por considerarlo abusivos y carentes de sustento, por lo que no descartó que en las próximas horas Caracas eleve una nota de protesta ante la Casa Blanca.
“Un país como ese no tiene moral para calificar a generales y a dirigentes políticos de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros lo repudiamos y creemos que las mafias narcotraficantes están allí, en una sociedad enferma como la de los Estados Unidos”, puntualizó.
Pruebas desestimadas
Según una nota de AFP, los nombres de los funcionarios venezolanos “aparecían en los archivos del fallecido jefe de las Farc Raúl Reyes”.
En mayo de este año, el supuesto contenido de las computadoras portátiles fue desestimado como prueba por la propia justicia neogranadina, que las consideró “ilícitas”.
Según la máxima corte colombiana, la información contenida en computadores -que presuntamente fueron confiscados por el Ejército colombiano tras el bombardeo a un campamento de las Farc en el que murió Reyes junto a otros 20 insurgentes- no tiene ningún carácter probatorio.
Desde 2008, de los supuestos correos y discos duros del computador de Raúl Reyes se derivaron denuncias respecto a los presuntos nexos con el grupo insurgente que mantenían gobiernos progresistas en América Latina, líderes políticos de izquierda, periodistas e intelectuales, que ahora no tienen ningún sustento jurídico.
Además, meses antes del fallo de la Corte colombiana, Ronald Coy, investigador de la policía colombiana, confesó ante un tribunal que manipuló la información que se encontraba en los ordenadores
Los nombres que aparecen en la lista divulgada este jueves por la Oficina de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac, por sus siglas en inglés) son los del parlamentario Freddy Bernal, el general Cliver Alcalá, Amílcar Figueroa, ex presidente alterno del Parlatino, y el oficial de inteligencia Ramón Madriz.
“La decisión de hoy expone a cuatro funcionarios del Gobierno venezolano como colaboradores claves de armas, seguridad, entrenamiento y asistencia de otro tipo a las operaciones de Farc en Venezuela”, dijo el director de Ofac, Adam Szubin, según reseñaron agencias.
El Gobierno venezolano, en la figura del canciller Nicolás Maduro, rechazó tales señalamientos por considerarlo abusivos y carentes de sustento, por lo que no descartó que en las próximas horas Caracas eleve una nota de protesta ante la Casa Blanca.
“Un país como ese no tiene moral para calificar a generales y a dirigentes políticos de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros lo repudiamos y creemos que las mafias narcotraficantes están allí, en una sociedad enferma como la de los Estados Unidos”, puntualizó.
Pruebas desestimadas
Según una nota de AFP, los nombres de los funcionarios venezolanos “aparecían en los archivos del fallecido jefe de las Farc Raúl Reyes”.
En mayo de este año, el supuesto contenido de las computadoras portátiles fue desestimado como prueba por la propia justicia neogranadina, que las consideró “ilícitas”.
Según la máxima corte colombiana, la información contenida en computadores -que presuntamente fueron confiscados por el Ejército colombiano tras el bombardeo a un campamento de las Farc en el que murió Reyes junto a otros 20 insurgentes- no tiene ningún carácter probatorio.
Desde 2008, de los supuestos correos y discos duros del computador de Raúl Reyes se derivaron denuncias respecto a los presuntos nexos con el grupo insurgente que mantenían gobiernos progresistas en América Latina, líderes políticos de izquierda, periodistas e intelectuales, que ahora no tienen ningún sustento jurídico.
Además, meses antes del fallo de la Corte colombiana, Ronald Coy, investigador de la policía colombiana, confesó ante un tribunal que manipuló la información que se encontraba en los ordenadores
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