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Por Harrys Velasquez
El doblete sísmico que sacudió las entrañas geológicas de la región central del país el pasado 24 de junio de 2026, dejando una profunda herida en el estado La Guaira y la Gran Caracas con una energía liberada equivalente a 240 detonaciones atómicas, no sólo impuso el mayor desafío logístico y humanitario de la historia contemporánea de Venezuela, sino que inauguró un complejo campo de batalla en el ecosistema de comunicación pública. En las horas cruciales en que el saldo de dolor ascendía a más de 4.333 venezolanos fallecidos y 16.740 heridos, la comunicación trascendió su función informativa tradicional para erigirse como un pilar innegociable de la seguridad de la nación, el orden constitucional y la paz ciudadana.
Cuando un país enfrenta una contingencia estructural de tal magnitud, las narrativas no son simples crónicas periodísticas; son instrumentos de poder. A través de ellas se libran cuatro disputas medulares para la gobernabilidad: legitimar o deslegitimar la capacidad operativa del Estado, movilizar a la sociedad hacia la reconstrucción colectiva o paralizarla en la anomia, blindar la confianza institucional o dinamitarla con el pánico, y consolidar la identificación nacional o provocar el rechazo hacia el liderazgo político. Durante la primera quincena de julio, el 81,3% de la atención del ecosistema informativo estuvo absorbida por el desastre natural y la gestión de la crisis. Sin embargo, el resto de la agenda mediática —desde la modernización del gabinete hasta el debate sobre la geopolítica regional— operó como un entramado de sub-narrativas satelitales que se refractan a través del prisma de la tragedia nacional.
La vocería del rigor científico frente a la necropolítica
Frente a la inmensidad de la catástrofe y el asedio incesante de corporaciones mediáticas transnacionales y laboratorios de desinformación, el Gobierno Nacional articuló una respuesta basada en un principio cardinal: el dato técnico, la presencia territorial y la gestión científica son el único antídoto contra el caos. La conducción ejecutiva asumida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, marcó un punto de inflexión al despojar su vocería de retórica polarizante, volcándose a la gerencia sobre el terreno y a la empatía activa con las víctimas. Desde inspecciones in situ en Maiquetía para habilitar pistas alternas hasta mesas de trabajo con autoridades mundiales en urbanismo antisísmico como Hideki Miyamoto, la imagen proyectada por la institucionalidad fue la de un Estado planificador y solvente.
La activación de la Gran Misión Venezuela Renace, respaldada por el Censo Biométrico y el Registro Único de Vivienda, permitió transparentar la atención de más de 14.600 ciudadanos en 87 refugios activos y proyectar la reubicación en 40 terrenos geológicamente seguros y certificados. Esta planificación estructurada desarticuló la percepción de improvisación y movilizó la energía ciudadana hacia la reconstrucción humana y material.
En contraste, los sectores de la extrema derecha y sus terminales mediáticos intentaron instrumentalizar el luto para construir una narrativa de "Estado fallido" y justificar transiciones antidemocráticas. La politización del dolor alcanzó cotas inmorales mediante operaciones psicológicas diseñadas para sembrar zozobra, como la macabra especie sobre la existencia de "fosas comunes" o el supuesto abandono de civiles bajo los escombros.
La respuesta de la vanguardia institucional fue devastadora en su rigor: expertos forenses como el doctor Sinué Villalobos del SENAMECF y el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, demostraron en los silos de La Guaira y en el Cementerio de la Esperanza el estricto cumplimiento de los protocolos científicos internacionales de inhumación individual, con expedientes de ADN, cruces y placas de identificación. Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello actuaron como un dique de contención al desmentir el supuesto vertido irresponsable de escombros en el litoral —detallando el procesamiento ecológico de más de 1.280.000 toneladas de material para obras de envergadura— y garantizar el orden y el resguardo militar en cada refugio y comunidad afectada.
El falso positivo como arma de injerencia
El clímax del oportunismo desestabilizador se evidenció en la moderna guerra de cuarta generación impulsada por factores externos. La maniobra orquestada por el alcalde de Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, al camuflar dispositivos satelitales AirTags dentro de insumos de asistencia y denunciar en redes sociales que uno de los paquetes se encontraba en el estado Monagas, constituyó una prefabricada campaña de alcance global amplificada por cadenas extranjeras para sembrar la matriz del "robo de ayuda humanitaria".
La inteligencia comunicacional del Estado desmontó en tiempo récord este montaje, demostrando documentalmente que el traslado de dichos insumos a Maturín correspondía al desplazamiento interno voluntario de las propias familias damnificadas que viajaron hacia el oriente para albergarse con sus parientes. La indignación nacional ante un acto tan miserable de propaganda política sobre una catástrofe humana ratificó que la verdad y la transparencia operativa destruyen cualquier laboratorio de falsos positivos.
Esta firmeza discursiva se complementó con la defensa soberana de la dignidad nacional. Cuando actores regionales como el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, pretendieron asumir posturas tuteladoras e injerencistas proponiendo articular la reconstrucción de Venezuela, Caracas respondió con una claridad innegociable: el país agradece la solidaridad sincera de los pueblos, pero la planificación y ejecución del renacimiento nacional son competencia exclusiva, indelegable y soberana de la República. Tan contundente fue la autoridad ejercida en el terreno que incluso los altos mandos militares y diplomáticos de Estados Unidos presentes en Maiquetía para el tráfico de insumos —el general Francis Donovan y John Barrett— debieron reconocer en rueda de prensa el control soberano y absoluto del Estado venezolano.
La jugada maestra: soberanía energética y futuro
El punto de mayor lucidez estratégica ocurrió el 8 de julio de 2026. En medio del asedio mediático, la promulgación del Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, alteró por completo el tablero político y económico. Lejos de ser una formalidad burocrática, esta histórica actualización —la primera en 83 años— obligó al ecosistema de medios, nacionales y transnacionales, a desplazar el foco informativo desde los escombros y la victimización hacia el terreno de la macroeconomía, la seguridad jurídica y las proyecciones de inversión.
Al materializar acuerdos de transferencia tecnológica con gigantes petroleros mundiales como Schlumberger Limited y vincular el incremento de la productividad petrolera y gasífera directamente con el apalancamiento financiero del Plan "Venezuela Renace", el Gobierno Nacional asestó una derrota definitiva a quienes promovían la tesis de la mendicidad o el chantaje financiero externo. Se demostró ante el mundo que la nación sudamericana posee la madurez institucional, la autonomía energética y la audacia ejecutiva para reconstruirse por sus propios medios.
Conclusión: reconstruir con certeza de Estado
El balance de esta jornada es concluyente: en medio de una volatilidad tectónica sin precedentes, la institucionalidad venezolana logró retener el control de la iniciativa política y discursiva. Transmitiendo desde la acción un mensaje que transitó de la contención traumática a la esperanza de la reconstrucción, se consolidó la percepción de alta gobernabilidad, orden e infinita solidaridad ciudadana.
La lección que nos deja este complejo episodio es clara. Frentes adversos seguirán intentando capitalizar cada fricción logística para erosionar al Estado y atacar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sin embargo, la receta para preservar la paz social y la hegemonía del relato nacional seguirá siendo la misma: centralización en la vocería de las ejecutorias tangibles, rigor técnico en la explicación del método científico, unión patriótica con el sector productivo pragmático y una defensa inclaudicable de nuestra soberanía. Sobre las ruinas del dolor, Venezuela no solo se reconstruye con cabillas y concreto, sino con la fibra moral de un Estado y un pueblo que decidieron, de forma irrevocable, renacer de pie y en paz.
