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A nueve años del polémico 11 de abril de 2002, una fecha que marcó un antes y un después en la vida de los venezolanos, en el ámbitos social, político y económico, Caso de Investigación, presenta un trabajo especial en el que hace un recuento de los sucesos y sus consecuencias, tanto legales como sociales. Tras una multitudinaria marcha que comenzó como una concentración de protesta frente a la sede de PDVSA en Chuao, los manifestantes de oposición llegaron a la Avenida Baralt, en el centro de Caracas con la intención de acercarse a Miraflores, casa presidencial.
Según cifras oficiales, 18 venezolanos perdieron la vida y varias decenas de personas resultaron heridas, pero éstas no son las únicas huellas que quedan en la memoria colectiva; un día en el que el caos, la incertidumbre y el miedo calaron en toda la población. Hasta ahora la muerte de éstas personas no ha sido esclarecida. No hay juicios en curso y apenas tres, de decenas de casos que se abrieron sobre los hechos de violencia del 11-A, han llegado a tribunales. “Hay 79 averiguaciones abiertas por parte de la fiscalía de las cuales sólo tres han prosperado” en las instancias legales, declaró Theresly Malavé, jurista.
Mientras tanto, los conocidos "pistoleros de puente Llaguno", civiles plenamente identificados, nunca fueron juzgados por disparar ese día; por el contrario, fueron acreedores de una amnistía presidencial. Hasta los momentos, los únicos casos de personas privadas de libertad por los hechos del 11-A en la Avenida Baralt son los tres comisarios Iván Simonovis, Herny Vivas y Lázaro Forero, condenados a penas máximas (30 años de prisión), y al menos ocho funcionarios de la Policía Metropolitana (PM), sentenciados a 16 años de cárcel.
Las condiciones físicas en las que se encuentran los detenidos preocupan a la CIDH, luego de que los familiares llegaran a la sede de esta organización internacional para denunciar las duras condiciones en que pernotan los imputados desde hace 5 años. Las investigaciones siguen su curso, y la fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz, asegura que aún se encuentran tomando declaraciones. A más de 100 meses del 11, 12 y 13 de abril en Venezuela “se sigue investigando”, pero las denuncias trascienden las fronteras. La justicia para las víctimas y afectados del 11-A se ha quedado sólo en papel, en el mejor de los casos. Muchas preguntas y pocas respuestas sobre el futuro de las denuncias con la esperanza de que no queden impunes.
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