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En la jerga militar, positivo es atinente a afirmativo, corresponde a una realidad. Cuando un teniente da un parte y el capitán le pregunta si fueron tres los abatidos, le responde: "Positivo, mi capitán". Cuando en Colombia se descubre que muchos de los cadáveres mostrados como de guerrilleros caídos en combate no eran de combatientes, apareció la expresión "falsos positivos", que se generalizó tanto como la práctica del asesinato de civiles, campesinos con frecuencia, vestirlos de irregulares y presentarlos como guerrilleros muertos en enfrentamientos.
Todo habría comenzado en Soacha, en 2007, según informe de la Comisión Intereclesia Justicia y Paz. El sargento Jhon Jairo Muñoz no tenía "positivos" por presentar, y Sandro Pérez González, sargento de inteligencia del batallón Santander, le dijo: "Si quiere, le traigo gente, se la entregan a la tropa y se presentan como muertos en combate"; el coronel Gabriel Rincón Amado, jefe de operaciones de la brigada Móvil 15, dio el visto bueno y comenzaron a reclutar jóvenes y los llevaban a Ocaña, sede del batallón Santander y de la brigada Móvil 15, donde pagaban 1 millón de pesos, "más el pasaje", por cada uno.
El presidente Uribe se mostraba satisfecho con los éxitos del Ejército en el combate a las Farc y el ELN que a cada rato reportaban más "positivos". Los medios colombianos presentaban las imágenes de cada vez más cadáveres, y por supuesto, las agencias enviaban las noticias de guerrilleros muertos en combate. Hasta que, años después, la perseverancia de los familiares de jóvenes de Soacha obligó a abrir una investigación que reveló las macabras operaciones, con cadáveres uniformados, algunos con las botas puestas al revés; fue disuelta la brigada Móvil 15 y 49 militares fueron enjuiciados.
La práctica de los "falsos positivos" se había extendido tanto que un informe de Phillip Alston, relator de la ONU (marzo de 2009), los estima en 1.800, y sostiene que por la amplia geografía abarcada y el elevado número de militares implicados, concluye que es un crimen de Estado. (No sé si leyeron ayer un despacho de Ginebra del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre Colombia; concluye que el caso de los falsos positivos debe ser investigado a fondo).
Hace poco se encontró en La Macarena una fosa con unos 2 mil cadáveres, y la pregunta es: ¿cuántos de ellos son falsos positivos?
Por supuesto, el Gobierno lo ha negado. El propio presidente Uribe explicó que "son cementerios donde olvidaron colocar las lápidas".
De ser un término militar, los falsos positivos devinieron en expresión política en ese país; así, por ejemplo, su gobierno denunció que en las fronteras, Venezuela hizo explotar varios puentes, y resultó que no eran tales puentes, sino pasarelas que usaban los contrabandistas. La noticia de agencias y medios nunca fue aclarada, los puentes quedaron volados. El colmo llegó el 15 de julio en la OEA, de donde extraigo dos falsos positivos, uno menor, como es la fotografía donde aparece el político dominicano Narciso Isa Conde con Iván Márquez, jefe guerrillero, y la presentan como recién encontradas en un campamento en Venezuela; la verdad, se trata de fotos de 2006, que Conde presentó en su país cuando informó de sus reuniones con jefes de las Farc.
Dijo el embajador Hoyos tener pruebas de que en territorio venezolano están 1.500 guerrilleros en 87 puestos. Como seguramente lo ignora, en 1964, año del desembarco de Luben Petkof con 15 cubanos, posiblemente el momento de mayor auge de la lucha armada, los guerrilleros en armas distribuidos en unos 10 campamentos no pasaban de 300, ¡la quinta parte de los que habría hoy llegados de Colombia! Eran 300, pero su presencia era percibida en Falcón, Portuguesa, Yaracuy y Lara, y en algunas zonas de Oriente. Hoy trascienden informes locales pero no de esos 1.500, sino de los paramilitares infiltrados hasta más acá de las fronteras; lo que no niega que existan algunos grupos temporalmente.
Es un cuento repetido otras veces. El 30 de enero de 2005 escribí en esta página "Terroristas en Venezuela", sobre una denuncia similar: 10 jefes guerrilleros estaban supuestamente escondidos en territorio venezolano, reforzada desde la Casa Blanca que pidió a gobernantes latinoamericanos presionar a Chávez para que los entregara. Nadie le hizo caso, "salvo el protectorado salvadoreño". El mismísimo ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, en respuesta a una pregunta de Ernesto Villegas (VTV) le dijo: "Si nosotros tuviéramos una convicción y pruebas de que eso fuese así, yo no estaría sentado acá. La realidad es que todo lo que se ha dicho en ese sentido no se ha comprobado…".
¿Qué buscaba Uribe con esa acusación en la OEA, tres semanas antes de entregar el poder a Juan Manuel Santos? Dificultar la normalización de las tensas relaciones con Venezuela que dejaba y, eventualmente, provocar la ruptura; quizás crear condiciones para un ataque, que sería apoyado desde EEUU, y hasta perturbar las parlamentarias del 26-S.
Aquí en Venezuela, Uribe sabía que tendría posiciones de apoyo en casi toda la oposición y en la mayoría de los medios, así como en buena parte de los millones de colombianos residentes. Por eso ha sido tan excepcional la conducta del gobernador de Nueva Esparta, Morel Rodríguez, quien asumió su identidad con los intereses de la patria.
¿Quiénes, fuera de Colombia, le creen ese cuento al Gobierno? EEUU por supuesto, el jefe de su Comando Sur, Douglas Fraser, acaba de declararlo; el PP y los medios españoles y de otros países, hace años alineados contra Venezuela.
¿Qué puede ocurrir?
Nada fácil pronosticar en la semana que resta. Aunque el presidente electo Juan Manuel Santos estuvo permanentemente identificado con la política antivenezolana del gobierno de Uribe, desde antes de su elección se ha mostrado comedido, incluso después de denuncias sobre la presencia guerrillera colombiana en Venezuela, que tantas veces él mismo hizo, y de la ruptura. Optó por el silencio y tanto él como su Vicepresidente más bien se han expresado en buscar acuerdos. Lo hace alguien pragmático que valora la necesidad de su país de normalizar la economía, y eso pasa por restablecer las relaciones con su vecino; pero por encima de su voluntad pueden estar fuertes presiones.
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