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TeleSUR _ Hace: 01
hora
La vocera de la Alianza
Territorial Mapuche, Mewlen Huencho, quien forma parte de los comuneros que
tomaron la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal), deslegitimó el comunicado del organismo al argumentar que éste en
ningún momento conversó con los originarios sobre las demandas de la
etnia.
"Deslegitimo totalmente todo, ella en ningún momento nos ha atendido", denunció Huencho, en referencia a la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.
"Ella ha sido una persona muy hostil, ella, Alicia Bárcena, lo único que ha tratado de hacer es crear un ambiente de desalojo", agregó la tomista, en respuesta al comunicado emitido por la Cepal, en el que se afirma que se abordó el tema mapuche.
Al ser interrogada sobre la condición que estableció Naciones Unidas de emitir un pronunciamiento respecto al conflicto, sólo si se culmina la toma de la Cepal, Huencho manifestó "Nosotros no tenemos ninguna garantía de que al desalojar el recinto, él (Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de Naciones Unidas) se pronuncie".
"Nos quitaron los baños y los suministros de alimentación", denunció Huencho, para luego condenar: "Esa es la forma como nos dan garantías".
"Nos están atropellando aquí hoy día en la Cepal. Yo no les creo le tengo desconfianza, mi pueblo no les cree", agregó.
Indicó que lo único que le piden los tomistas a la Cepal, es que permita a los voceros de la etnia, establecer un diálogo directo que aborde las demandas de los prisioneros mapuche chilenos en huelga de hambre desde el pasado 12 de julio, para que no se les aplique la ley Antiterrorista, porque se consideran presos políticos.
En el comunicado emitido este martes por la Cepal se afirmó que desde el organismo "desean contribuir al debate que la sociedad chilena está llevando adelante en relación a lo que se ha denominado el conflicto mapuche".
No obstante, el texto abunda en los derechos generales de los indígenas que se deben cumplir en el ámbito internacional.
"La realidad que afecta a los pueblos indígenas en los países de América Latina no está exenta de pobreza y exclusión, resultado de un proceso histórico de discriminación estructural, que en la actualidad se interpreta como una falta de reconocimiento, promoción, protección y garantía de los derechos humanos", señaló el comunicado.
"Expresamos nuestra esperanza que las partes encuentren una pronta solución que evite la pérdida de vidas humanas", puntualizó.
La petición de los 32 prisioneros mapuche al Gobierno radica en que no se les aplique la ley Antiterrorista, pues se consideran presos políticos. De hecho, eran 34 presos mapuche en huelga, pero de estos, ya dos fueron absueltos de sus cargos, por falta de pruebas.
Familiares de los prisioneros mapuche, el pasado jueves también tomaron la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Chile con el objetivo de presionar al Gobierno para que cumpla la demanda de los originarios.
El vocero de la comunidad mapuche, Antonio Cadin, denunció el jueves que el Gobierno del presidente Sebastián Piñera intenta desviar en la esfera pública la lucha de la etnia mapuche al modificar la ley Antiterrorista, cuando en realidad la petición de los originarios es que no se aplique ese instrumento a los prisioneros indígenas, que se consideran presos políticos.
Mientras el Gobierno acusa a los comuneros mapuche por su presunta implicación en ocupaciones ilegales de terrenos e incendios de instalaciones agrícolas, en Chile se conoce como una lucha histórica la de esa étnia, por recuperar la tierra que por derecho ancestral les pertenece, de acuerdo a sus argumentos.
Durante años los indígenas mapuche han emprendido movilizaciones por la recuperación de los espacios territoriales, que demandan como propios frente a la ocupación de éstos por parte de empresas forestales y propietarios particulares.
La comunidad mapuche es el pueblo indígena más numeroso de Chile y representa el 6,6 por ciento de la población del país, que en total posee 16 millones de habitantes.
"Deslegitimo totalmente todo, ella en ningún momento nos ha atendido", denunció Huencho, en referencia a la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.
"Ella ha sido una persona muy hostil, ella, Alicia Bárcena, lo único que ha tratado de hacer es crear un ambiente de desalojo", agregó la tomista, en respuesta al comunicado emitido por la Cepal, en el que se afirma que se abordó el tema mapuche.
Al ser interrogada sobre la condición que estableció Naciones Unidas de emitir un pronunciamiento respecto al conflicto, sólo si se culmina la toma de la Cepal, Huencho manifestó "Nosotros no tenemos ninguna garantía de que al desalojar el recinto, él (Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de Naciones Unidas) se pronuncie".
"Nos quitaron los baños y los suministros de alimentación", denunció Huencho, para luego condenar: "Esa es la forma como nos dan garantías".
"Nos están atropellando aquí hoy día en la Cepal. Yo no les creo le tengo desconfianza, mi pueblo no les cree", agregó.
Indicó que lo único que le piden los tomistas a la Cepal, es que permita a los voceros de la etnia, establecer un diálogo directo que aborde las demandas de los prisioneros mapuche chilenos en huelga de hambre desde el pasado 12 de julio, para que no se les aplique la ley Antiterrorista, porque se consideran presos políticos.
En el comunicado emitido este martes por la Cepal se afirmó que desde el organismo "desean contribuir al debate que la sociedad chilena está llevando adelante en relación a lo que se ha denominado el conflicto mapuche".
No obstante, el texto abunda en los derechos generales de los indígenas que se deben cumplir en el ámbito internacional.
"La realidad que afecta a los pueblos indígenas en los países de América Latina no está exenta de pobreza y exclusión, resultado de un proceso histórico de discriminación estructural, que en la actualidad se interpreta como una falta de reconocimiento, promoción, protección y garantía de los derechos humanos", señaló el comunicado.
"Expresamos nuestra esperanza que las partes encuentren una pronta solución que evite la pérdida de vidas humanas", puntualizó.
La petición de los 32 prisioneros mapuche al Gobierno radica en que no se les aplique la ley Antiterrorista, pues se consideran presos políticos. De hecho, eran 34 presos mapuche en huelga, pero de estos, ya dos fueron absueltos de sus cargos, por falta de pruebas.
Familiares de los prisioneros mapuche, el pasado jueves también tomaron la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Chile con el objetivo de presionar al Gobierno para que cumpla la demanda de los originarios.
El vocero de la comunidad mapuche, Antonio Cadin, denunció el jueves que el Gobierno del presidente Sebastián Piñera intenta desviar en la esfera pública la lucha de la etnia mapuche al modificar la ley Antiterrorista, cuando en realidad la petición de los originarios es que no se aplique ese instrumento a los prisioneros indígenas, que se consideran presos políticos.
Mientras el Gobierno acusa a los comuneros mapuche por su presunta implicación en ocupaciones ilegales de terrenos e incendios de instalaciones agrícolas, en Chile se conoce como una lucha histórica la de esa étnia, por recuperar la tierra que por derecho ancestral les pertenece, de acuerdo a sus argumentos.
Durante años los indígenas mapuche han emprendido movilizaciones por la recuperación de los espacios territoriales, que demandan como propios frente a la ocupación de éstos por parte de empresas forestales y propietarios particulares.
La comunidad mapuche es el pueblo indígena más numeroso de Chile y representa el 6,6 por ciento de la población del país, que en total posee 16 millones de habitantes.
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