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Santiago, 14 de septiembre. Una decena de dirigentes de organizaciones sociales, estudiantiles y artistas iniciaron hoy un "ayuno solidario masivo" por tiempo indefinido en apoyo a la huelga de hambre que 34 indígenas mapuches mantienen desde hace 65 días en diversas cárceles del país.
La acción anunciada por la Coordinación de Familiares de Presos Políticos Mapuche en Huelga de Hambre coincidió con la petición formal del gobierno del presidente Sebastián Piñera a la Iglesia católica para que sirva como mediadora en el conflicto, labor que estará a cargo del arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, quien hoy tuvo una reunión de trabajo con el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, en el Palacio de la Moneda.
La demanda central de los mapuches presos es que sus casos dejen de ser tratados bajo la justicia militar y la legislación antiterrorista, lo que implica severas penas por manifestaciones públicas en demanda del reconocimiento de sus derechos de propiedad ancestral sobre unos tres millones de hectáreas, principalmente ubicadas en la región surcentral conocida como La Araucanía, actualmente en poder de empresas privadas.
El Senado comenzó este martes a examinar una iniciativa de reforma a la Ley de Conductas Terroristas, propuesta por Piñera con la aparente intención de atenuar los efectos sobre los mapuches, que en sus protestas han ocupado y dañado propiedades públicas y privadas, pero sin mayores consecuencias humanas. El mandatario también anunció cambios a la justicia militar, pero todavía no se inicia el debate legislativo al respecto.
El presidente de la Cámara Alta, Jorge Pizarro, convocó de urgencia a los legisladores para analizar la legislación que fue impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990, pero desde el lunes advirtió que los proyectos de modificación legales serán insuficientes para superar el problema, que –según el senador– sólo tendrá solución con el establecimiento de una mesa de diálogo con todas las partes involucradas, lo que se había convertido en una demanda de los indígenas y de legisladores de centroizquierda.
"Espero que mi tarea, la de facilitar el diálogo, pueda tener el éxito que todos esperamos", dijo Ezzati al salir de la reunión con el representante presidencial.
"Nosotros confiamos plenamente en lo que va a hacer en los próximos días", dijo Larroulet respecto de la labor del arzobispo.
Aunque Piñera activó el plan de reforma legal, varios funcionarios del gobierno han señalado que la huelga de hambre no es instrumento legítimo en un Estado de derecho y los han conminado a cancelar la huelga.
Foto
Sobre esta polémica, Rodigo Hinzpeter, ministro del Interior, ofreció más detalles sobre la reacción del gobierno en una comparecencia ante el Senado, en Valparaíso.
"Hay quienes no han dicho que hemos cometido un error porque estamos reaccionando a una huelga de hambre. Pues bien, quiero reconocer ante el Senado que estamos reaccionando ante una huelga de hambre", manifestó.
"Un gobierno siempre tiene que estar preparado para responder a la coyuntura con flexibilidad, apurando los tiempos cuando sea necesario, retrasándolos también cuando sea necesario, por un bien superior. (Pero) en lo que estamos reaccionando es en los tiempos, no en las convicciones", agregó.
Varios de los 34 huelguistas han experimentado deterioro físico irreparable, descompensaciones cardiacas y renales, y pérdida de hasta 25 kilos de peso, según fuentes médicas.
Las autoridades judiciales autorizaron hoy la liberación de dos de los huelguistas, Pablo Conio y Sergio Tralcal, luego que pagaron una fianza equivalente a dos mil dólares.
Conio y Tralcal informaron que a pesar de su liberación mantendrán la huelga de hambre en apoyo al movimiento y señalaron que la decisión de las autoridades es una prueba más de que la ley antiterrorista y la justicia militar se aplican de manera injusta contra su movimiento reivindicatorio.
Los mapuches presos fueron detenidos, enjuiciados y encarcelados durante la administración de la socialista Michelle Bachelet, antecesora de Piñera, en el poder desde el 11 de marzo. El sábado pasado, una funcionaria del anterior gobierno, Carolina Tohá, admitió que "no fue buena" idea aplicar las leyes vigentes desde la época de la dictadura a los mapuches que participaron en actos de protesta.
La acción anunciada por la Coordinación de Familiares de Presos Políticos Mapuche en Huelga de Hambre coincidió con la petición formal del gobierno del presidente Sebastián Piñera a la Iglesia católica para que sirva como mediadora en el conflicto, labor que estará a cargo del arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, quien hoy tuvo una reunión de trabajo con el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, en el Palacio de la Moneda.
La demanda central de los mapuches presos es que sus casos dejen de ser tratados bajo la justicia militar y la legislación antiterrorista, lo que implica severas penas por manifestaciones públicas en demanda del reconocimiento de sus derechos de propiedad ancestral sobre unos tres millones de hectáreas, principalmente ubicadas en la región surcentral conocida como La Araucanía, actualmente en poder de empresas privadas.
El Senado comenzó este martes a examinar una iniciativa de reforma a la Ley de Conductas Terroristas, propuesta por Piñera con la aparente intención de atenuar los efectos sobre los mapuches, que en sus protestas han ocupado y dañado propiedades públicas y privadas, pero sin mayores consecuencias humanas. El mandatario también anunció cambios a la justicia militar, pero todavía no se inicia el debate legislativo al respecto.
El presidente de la Cámara Alta, Jorge Pizarro, convocó de urgencia a los legisladores para analizar la legislación que fue impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990, pero desde el lunes advirtió que los proyectos de modificación legales serán insuficientes para superar el problema, que –según el senador– sólo tendrá solución con el establecimiento de una mesa de diálogo con todas las partes involucradas, lo que se había convertido en una demanda de los indígenas y de legisladores de centroizquierda.
"Espero que mi tarea, la de facilitar el diálogo, pueda tener el éxito que todos esperamos", dijo Ezzati al salir de la reunión con el representante presidencial.
"Nosotros confiamos plenamente en lo que va a hacer en los próximos días", dijo Larroulet respecto de la labor del arzobispo.
Aunque Piñera activó el plan de reforma legal, varios funcionarios del gobierno han señalado que la huelga de hambre no es instrumento legítimo en un Estado de derecho y los han conminado a cancelar la huelga.
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Sobre esta polémica, Rodigo Hinzpeter, ministro del Interior, ofreció más detalles sobre la reacción del gobierno en una comparecencia ante el Senado, en Valparaíso.
"Hay quienes no han dicho que hemos cometido un error porque estamos reaccionando a una huelga de hambre. Pues bien, quiero reconocer ante el Senado que estamos reaccionando ante una huelga de hambre", manifestó.
"Un gobierno siempre tiene que estar preparado para responder a la coyuntura con flexibilidad, apurando los tiempos cuando sea necesario, retrasándolos también cuando sea necesario, por un bien superior. (Pero) en lo que estamos reaccionando es en los tiempos, no en las convicciones", agregó.
Varios de los 34 huelguistas han experimentado deterioro físico irreparable, descompensaciones cardiacas y renales, y pérdida de hasta 25 kilos de peso, según fuentes médicas.
Las autoridades judiciales autorizaron hoy la liberación de dos de los huelguistas, Pablo Conio y Sergio Tralcal, luego que pagaron una fianza equivalente a dos mil dólares.
Conio y Tralcal informaron que a pesar de su liberación mantendrán la huelga de hambre en apoyo al movimiento y señalaron que la decisión de las autoridades es una prueba más de que la ley antiterrorista y la justicia militar se aplican de manera injusta contra su movimiento reivindicatorio.
Los mapuches presos fueron detenidos, enjuiciados y encarcelados durante la administración de la socialista Michelle Bachelet, antecesora de Piñera, en el poder desde el 11 de marzo. El sábado pasado, una funcionaria del anterior gobierno, Carolina Tohá, admitió que "no fue buena" idea aplicar las leyes vigentes desde la época de la dictadura a los mapuches que participaron en actos de protesta.
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