La situación carcelaria del internado judicial El Rodeo I y II, sigue siendo objeto de interés informativo para los diferentes actores políticos y medios de comunicación del país, cuando ya alcanzan 20 días de intervención del penal por parte de la GNB.
En este sentido, desde el SNMP, se reseña con especial interés el acondicionamiento del cual es objeto las instalaciones del recinto penitenciario El Rodeo I en los últimos 17 días de intervención, quién ya cuenta con un 50% de avance en las labores de remodelación, según se desprende de las declaraciones aportadas por el director del Fondo de Edificaciones Penitenciarias (FONEP), José Gregorio Laprea, además de las orientaciones aportadas por la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios, en la vocería de Tibiade Hernández, directora general de DD.HH del MIJ, quién señala la consideración de los delitos cometidos por los reclusos, y el estado de los respectivos procesos judiciales, para la reclasificación de los internos en espacios diferentes.
Mientras tanto, desde los medios de comunicación privados, se mantiene el ataque contra las políticas gubernamentales para solventar la situación de violencia en el Rodeo II.
En este sentido, el director del OVP, Humberto Prado, asegura que Venezuela no cumple con los requisitos establecidos por la ONU en materia penitenciaria, según la cual por cada diez privados de libertad debe haber un custodio, señalando que en el país la relación es por cada 150 reclusos sólo existe 1 custodio. Prado, en una clara apología del delito, insta a los reclusos a seguir “resistiendo” al “monstruo que es el Estado”.
Por su parte, tanto el Gobernador del Estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, el abogado Gonzalo Himiob y el director de la ONG UVL, Carlos Nieto, siguen responsabilizando al Gobierno Nacional de la incompetencia de la GNB en la intervención al recinto judicial el Rodeo I y II, ya que a 20 días de situación de violencia en el penal, éste continúa controlado por los reclusos “en rebeldía”, además de “la sistemática” violación de los DD.HH de los privados de libertad al impedir el ingreso de comida y agua para su subsistencia. Además, Rodonski aprovecha la situación para retar al Gobierno a descentralizar la administración de las cárceles y poder demostrar que su administración si es capaz de rehabilitarlo.
Finalmente, los medios de comunicación privados, especialmente Globovisión, mantienen la tesis según la cual el Gobierno limita la información de la realidad que se vive dentro del penal, supuestamente para mantener a la colectividad desinformada de las extralimitaciones de la GNB, por lo cual agrede a los familiares de los reclusos cada vez que estos reclaman mayor información sobre sus parientes privados de libertad.
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