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15 de junio 2011.-En realidad, no sólo él, sino también todos y cada uno de los Presidentes que desfilaron por Miraflores en el periodo histórico conocido como IV República. Aunque la oposición venezolana se empecina en descalificar los esfuerzos de Chávez por poner en práctica una política de estado en torno a este tema, y le depara los peores augurios a la Gran Misión vivienda Venezuela, lo cierto es que una mínima revisión histórica los pondría contra el banquillo de los acusados.
El Plan de la Nación de 1984 – justo cuando Jaime Lusinchi asumía la Presidencia de la República-, contiene más de un dato elocuente. Reconoce, por ejemplo, que a las alturas de ese año había un déficit de 1. 175.000 unidades (reconocimiento oficial, probablemente mucho más en la realidad), “correspondiendo en gran parte a familias de menores ingresos”. Pero subraya, al mismo tiempo, que “existen 24 mil unidades sin demandas”, como evidencia de una oferta privada altamente costosa, solamente asequible para los sectores más adinerados.
A esa misma conclusión llega el documento cuando intenta explicarse las causas del problema: la saturación de las áreas urbanizadas -dice-, el incremento de los precios de la tierra y la distorsión de la estructura de los precios de la construcción hace que se reduzca la construcción de viviendas por parte del sector público.
“El denominado “efecto Venezuela” (dependencia del país de la renta petrolera, con las consiguientes deformaciones económicas), la estructura de la propiedad de la tierra y el sistema financiero, han condicionado el funcionamiento monopólico del sector inmobiliario privado integrado al sistema financiero, cuyo producto se manifiesta en una oferta de vivienda para estratos medios y altos”.
Es decir, que el propio gobierno de Lusinchi reconoce la gravedad del problema de la vivienda, expresada en varios aspectos: que había un gran déficit habitacional para los pobres, que los privados encabezaban un negocio monopólico fundamentalmente dirigido a los más ricos, y que, mientras por un lado escaseaba la vivienda, por otro abundaban las casas desocupadas porque se ofrecían a precios inalcanzables.
NI hablar de lo que el plan califica de “construcción informal de viviendas” (los cerros, hablando sin eufemismos): “vivienda provisional construida a base de desechos” -añade el documento- “que tiene limitados servicios, problemas de vialidad y transporte, de tenencia, y por lo tanto son calificadas de inadecuadas”.
Si desde algún lugar de su residencia en Miami Jaime Lusinchi tuviera acceso a información sobre la Gran Misión Vivienda Venezuela, debería experimentar, sin dudas, algún cargo de conciencia. Pero sería mucho pedirle a un corrupto. Más bien bastaría con que sus discípulos de Acción Democrática, en la oposición venezolana, echaran un ojo a la Historia.
El Plan de la Nación de 1984 – justo cuando Jaime Lusinchi asumía la Presidencia de la República-, contiene más de un dato elocuente. Reconoce, por ejemplo, que a las alturas de ese año había un déficit de 1. 175.000 unidades (reconocimiento oficial, probablemente mucho más en la realidad), “correspondiendo en gran parte a familias de menores ingresos”. Pero subraya, al mismo tiempo, que “existen 24 mil unidades sin demandas”, como evidencia de una oferta privada altamente costosa, solamente asequible para los sectores más adinerados.
A esa misma conclusión llega el documento cuando intenta explicarse las causas del problema: la saturación de las áreas urbanizadas -dice-, el incremento de los precios de la tierra y la distorsión de la estructura de los precios de la construcción hace que se reduzca la construcción de viviendas por parte del sector público.
“El denominado “efecto Venezuela” (dependencia del país de la renta petrolera, con las consiguientes deformaciones económicas), la estructura de la propiedad de la tierra y el sistema financiero, han condicionado el funcionamiento monopólico del sector inmobiliario privado integrado al sistema financiero, cuyo producto se manifiesta en una oferta de vivienda para estratos medios y altos”.
Es decir, que el propio gobierno de Lusinchi reconoce la gravedad del problema de la vivienda, expresada en varios aspectos: que había un gran déficit habitacional para los pobres, que los privados encabezaban un negocio monopólico fundamentalmente dirigido a los más ricos, y que, mientras por un lado escaseaba la vivienda, por otro abundaban las casas desocupadas porque se ofrecían a precios inalcanzables.
NI hablar de lo que el plan califica de “construcción informal de viviendas” (los cerros, hablando sin eufemismos): “vivienda provisional construida a base de desechos” -añade el documento- “que tiene limitados servicios, problemas de vialidad y transporte, de tenencia, y por lo tanto son calificadas de inadecuadas”.
Si desde algún lugar de su residencia en Miami Jaime Lusinchi tuviera acceso a información sobre la Gran Misión Vivienda Venezuela, debería experimentar, sin dudas, algún cargo de conciencia. Pero sería mucho pedirle a un corrupto. Más bien bastaría con que sus discípulos de Acción Democrática, en la oposición venezolana, echaran un ojo a la Historia.
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