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El comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), mayor general Luis Motta Domínguez, informó que sobrevolará el Parque Nacional Canaima para determinar el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de la práctica del Fun Race en áreas protegidas.
El representante de la GNB indicó que para abarcar las tres millones de hectáreas con las que cuenta el monumento natural los funcionarios se desplegarán por medios aéreos para cubrir la extensa superficie y verificar que no se estén realizando actividades que atenten contra el ambiente.
El pasado viernes, la Sala Constitucional del máximo tribunal del país, en ponencia de su presidenta, la magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, admitió una demanda de protección de derechos difusos, interpuesta por la Defensoría del Pueblo, y dictó medidas orientadas a prohibir las carreras y válidas de vehículos rústicos o motos conocidas como Fun Race en áreas protegidas.
Otra de las medidas es la suspensión de las autorizaciones otorgadas por cualquier ente u órgano de la administración pública nacional, estadal o municipal para la realización de este tipo de actividades.
El Instituto Nacional de Parques (Inparques), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, también reforzó la vigilancia en las áreas protegidas.
La vigilancia se fortalecerá en los parques Canaima, estado Bolívar; Guariquito, estado Guárico; Morrocoy, estado Falcón; Henri Pittier, estado Aragua; San Esteban, estado Carabobo; Mochima, estado Sucre; y Sierra Nevada, estado Mérida; durante el Operativo Carnaval 2011.
Explicó que alrededor de 600 guardaparques (20% más que en 2010) custodian dichos espacios, donde se ha determinado que se han realizado prácticas de rustiqueo de manera ilegal.
Aquellas personas que violen la prohibición serán sancionados administrativamente por el Ministerio del Ambiente, destacó el titular de esa institución, Alejandro Hitcher, la semana pasada.
La Ley Orgánica del Ambiente establece que las sanciones pecuniarias correspondientes serán hasta de 10 mil unidades tributarias debiéndose hacer la fijación del monto de acuerdo con la gravedad del hecho punible, las condiciones del mismo y las circunstancias de su comisión.
El representante de la GNB indicó que para abarcar las tres millones de hectáreas con las que cuenta el monumento natural los funcionarios se desplegarán por medios aéreos para cubrir la extensa superficie y verificar que no se estén realizando actividades que atenten contra el ambiente.
El pasado viernes, la Sala Constitucional del máximo tribunal del país, en ponencia de su presidenta, la magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, admitió una demanda de protección de derechos difusos, interpuesta por la Defensoría del Pueblo, y dictó medidas orientadas a prohibir las carreras y válidas de vehículos rústicos o motos conocidas como Fun Race en áreas protegidas.
Otra de las medidas es la suspensión de las autorizaciones otorgadas por cualquier ente u órgano de la administración pública nacional, estadal o municipal para la realización de este tipo de actividades.
El Instituto Nacional de Parques (Inparques), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, también reforzó la vigilancia en las áreas protegidas.
La vigilancia se fortalecerá en los parques Canaima, estado Bolívar; Guariquito, estado Guárico; Morrocoy, estado Falcón; Henri Pittier, estado Aragua; San Esteban, estado Carabobo; Mochima, estado Sucre; y Sierra Nevada, estado Mérida; durante el Operativo Carnaval 2011.
Explicó que alrededor de 600 guardaparques (20% más que en 2010) custodian dichos espacios, donde se ha determinado que se han realizado prácticas de rustiqueo de manera ilegal.
Aquellas personas que violen la prohibición serán sancionados administrativamente por el Ministerio del Ambiente, destacó el titular de esa institución, Alejandro Hitcher, la semana pasada.
La Ley Orgánica del Ambiente establece que las sanciones pecuniarias correspondientes serán hasta de 10 mil unidades tributarias debiéndose hacer la fijación del monto de acuerdo con la gravedad del hecho punible, las condiciones del mismo y las circunstancias de su comisión.
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