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Las pruebas que demostrarían la autoría intelectual de la presidencia
de Álvaro Uribe en las actividades ilegales del servicio de
inteligencia colombiano son "cada día más contundentes", dijeron este
lunes ONGs, que creen que se favorece la impunidad de los máximos
responsables del escándalo.
En una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el escándalo de espionaje del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y del llamado Grupo Especial de Inteligencia Estratégica (G3), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Corporación Colectivo de Abogados José Alevar Restrepo (CCAJAR) denunciaron además la ausencia de una investigación integral y exhaustiva del escándalo de las "chuzadas".
"Las pruebas que demuestran la autoría intelectual de la presidencia de Uribe son cada día más contundentes", sostuvo Antoine Bernard, director general de la FIDH, quien dijo que el origen de las actividades ilegales del DAS era el intento de su organización de lograr la apertura de una investigación ante la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia, pero que el G3 y sus actuaciones iban más allá de esa ONG.
"El DAS se convirtió en una verdadera policía política, ya no un actor de inteligencia del Estado; sino en una entidad al servicio de intereses personales y gubernamentales volviéndose un instrumento de hostigamiento, desprestigio y persecución a cualquier oponente a la política del Gobierno, sin importar que fuera juez de más altas cortes, periodista, político o defensor de derechos humanos", dijo.
Reinaldo Villalba, de CCAJAR, dijo que la persecución del DAS no se limitó a simples interceptaciones y seguimientos, sino que la "actividad criminal detrás alcanzó delitos de mayor dimensión y que no han sido reconocidos", como homicidios, amenazas, actos de sabotaje y órdenes de cometer actos de terrorismo, aseguró.
En opinión de la FIDH, los proceso llevados a cabo hasta ahora también han permitido confirmar la "profunda penetración del paramilitarismo y del narcotráfico a los más altos niveles del DAS", puesto que el proceso contra el ex director de la agencia Jorge Noguera evidenció "que durante el primer mandato de Uribe el DAS estaba al servicio del narco-paramilitarismo".
Bernard denunció además lo que consideró el “ilegítimo exilio” (asilo) que el presidente panameño, Ricardo Martinelli, concedió a la ex jefa del DAS María del Pilar Hurtado, y Villalba dijo que la demora de la Fiscalía permitió la fuga de ésta.
También aseveró que las investigaciones no se han adelantado con la debida exhaustividad y criterios de integridad.
Para él, "se ha favorecido la impunidad de los más altos responsables hasta hoy", salvo escasas excepciones.
En nombre del Gobierno colombiano, Álvaro Osorio Chacón, fiscal jefe de la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dijo que las denuncias de las ONGs no se corresponden a la realidad. "La investigación avanza paso a paso. Se han logrado grandes avances en el camino de esclarecer la verdad", aseguró.
"No pierdan de vista que la verdad se está construyendo paso a paso y en cada uno de los casos se ha ido consiguiendo una parte de la verdad que permite construir la verdad total. Hay un compromiso decidido de la Fiscalía de lograr esa verdad", aseguró.
Dijo además que "una organización delincuencial, un concierto para delinquir en el cual existen altos funcionarios involucrados, se desvertebra a partir de funcionarios medios y eso es lo que ha hecho la Fiscalía: partir de abajo hacia arriba".
Por otra parte, el Gobierno colombiano aseguró que se han adelantado trece investigaciones, de las que tres han culminado ya en sanciones y diez se encuentran en distintas fases del proceso.
En una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el escándalo de espionaje del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y del llamado Grupo Especial de Inteligencia Estratégica (G3), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Corporación Colectivo de Abogados José Alevar Restrepo (CCAJAR) denunciaron además la ausencia de una investigación integral y exhaustiva del escándalo de las "chuzadas".
"Las pruebas que demuestran la autoría intelectual de la presidencia de Uribe son cada día más contundentes", sostuvo Antoine Bernard, director general de la FIDH, quien dijo que el origen de las actividades ilegales del DAS era el intento de su organización de lograr la apertura de una investigación ante la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia, pero que el G3 y sus actuaciones iban más allá de esa ONG.
"El DAS se convirtió en una verdadera policía política, ya no un actor de inteligencia del Estado; sino en una entidad al servicio de intereses personales y gubernamentales volviéndose un instrumento de hostigamiento, desprestigio y persecución a cualquier oponente a la política del Gobierno, sin importar que fuera juez de más altas cortes, periodista, político o defensor de derechos humanos", dijo.
Reinaldo Villalba, de CCAJAR, dijo que la persecución del DAS no se limitó a simples interceptaciones y seguimientos, sino que la "actividad criminal detrás alcanzó delitos de mayor dimensión y que no han sido reconocidos", como homicidios, amenazas, actos de sabotaje y órdenes de cometer actos de terrorismo, aseguró.
En opinión de la FIDH, los proceso llevados a cabo hasta ahora también han permitido confirmar la "profunda penetración del paramilitarismo y del narcotráfico a los más altos niveles del DAS", puesto que el proceso contra el ex director de la agencia Jorge Noguera evidenció "que durante el primer mandato de Uribe el DAS estaba al servicio del narco-paramilitarismo".
Bernard denunció además lo que consideró el “ilegítimo exilio” (asilo) que el presidente panameño, Ricardo Martinelli, concedió a la ex jefa del DAS María del Pilar Hurtado, y Villalba dijo que la demora de la Fiscalía permitió la fuga de ésta.
También aseveró que las investigaciones no se han adelantado con la debida exhaustividad y criterios de integridad.
Para él, "se ha favorecido la impunidad de los más altos responsables hasta hoy", salvo escasas excepciones.
En nombre del Gobierno colombiano, Álvaro Osorio Chacón, fiscal jefe de la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dijo que las denuncias de las ONGs no se corresponden a la realidad. "La investigación avanza paso a paso. Se han logrado grandes avances en el camino de esclarecer la verdad", aseguró.
"No pierdan de vista que la verdad se está construyendo paso a paso y en cada uno de los casos se ha ido consiguiendo una parte de la verdad que permite construir la verdad total. Hay un compromiso decidido de la Fiscalía de lograr esa verdad", aseguró.
Dijo además que "una organización delincuencial, un concierto para delinquir en el cual existen altos funcionarios involucrados, se desvertebra a partir de funcionarios medios y eso es lo que ha hecho la Fiscalía: partir de abajo hacia arriba".
Por otra parte, el Gobierno colombiano aseguró que se han adelantado trece investigaciones, de las que tres han culminado ya en sanciones y diez se encuentran en distintas fases del proceso.
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