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Caracas, 04 Oct. AVN .- Una serie de represalias por parte de la directiva de Empresas Polar denunció este lunes Abraham Rivas, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores Socialistas de Productos Efe (una de las compañías de Polar), debido a los reclamos de los empleados de esta fábrica ante la negativa de la empresa de renegociar nueve cláusulas del contrato colectivo que los ampara y se vence este lunes.
En el programa Despertó Venezuela, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Rivas indicó que Polar les quitó el 38% de aumento que les había otorgado, y les retuvo los bonos de alimentación y la caja de comida mensual.
“Además, no nos pagaron el salario este mes, aunque se ha demostrado que es la directiva de la empresa la que mantiene cerradas las puertas y no el personal. Estamos pernoctando frente a la empresa, porque tenemos información interna de que pretenden llevarse las máquinas y dejar a 600 familias sin trabajo”, alertó.
Desde mayo pasado, trabajadores y directores de la compañía intentan negociar el nuevo contrato colectivo. La masa laboral asegura que la empresa ha incumplido con sus reivindicaciones y con las leyes.
Explicó Rivas que ante una solicitud de los empleados por considerar que la propuesta del patrono constituía una desmejora para el personal, el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo ordenó subsanar nueve cláusulas, entre ellas la del salario, caja de ahorro y duración del contrato, peticiones que se niega a atender la empresa.
“Ellos presentan una convención colectiva con 38% de aumento de salario. Nosotros exigimos 45%, lo que la empresa considera inviable, pero nosotros hicimos un estudio económico que demuestra lo contrario”, indicó.
Por su parte, el secretario de Organización del Sindicato, Félix Zárate, puntualizó que 1.269 trabajadores están afectados por la negativa de Polar, de los cuales 517 están agremiados en esta agrupación laboral.
Afirmó que la planta ha incurrido en violaciones a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) e incluso se demostró que incumplía con las cotizaciones de algunos trabajadores ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
Puntualizó que la solución al conflicto está en manos de la alta gerencia de empresas Polar, que “insiste en desconocer el Estado de Derecho”.
Este no es el único reclamo laboral contra empresas Polar. El pasado 1° de junio, un grupo de ex-empleados se concentró en la sede principal de la empresa, ubicada en Los Cortijos, al este de Caracas, para exigir pago de indemnizaciones.
En esa oportunidad, el coordinador de los trabajadores de la región central, Jhonny Ricappa, informó que unos 5.000 ex empleados suman cinco años de lucha para que la empresa les cancele sus pagos.
Explicó que se trata de conductores de los camiones que distribuían los productos Polar y a quienes la empresa nunca reconoció como empleados porque eran tercerizados, para así no pagarles prestaciones sociales y demás beneficios laborales.
El 18 de septiembre pasado, el Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui (Cleanz) designó a la Comisión de Salud, Desarrollo Social y Derechos Laborables para que atienda la denuncia que hicieron ex trabajadores de la Polar sobre la violación de sus derechos durante 20 años.
En el programa Despertó Venezuela, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Rivas indicó que Polar les quitó el 38% de aumento que les había otorgado, y les retuvo los bonos de alimentación y la caja de comida mensual.
“Además, no nos pagaron el salario este mes, aunque se ha demostrado que es la directiva de la empresa la que mantiene cerradas las puertas y no el personal. Estamos pernoctando frente a la empresa, porque tenemos información interna de que pretenden llevarse las máquinas y dejar a 600 familias sin trabajo”, alertó.
Desde mayo pasado, trabajadores y directores de la compañía intentan negociar el nuevo contrato colectivo. La masa laboral asegura que la empresa ha incumplido con sus reivindicaciones y con las leyes.
Explicó Rivas que ante una solicitud de los empleados por considerar que la propuesta del patrono constituía una desmejora para el personal, el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo ordenó subsanar nueve cláusulas, entre ellas la del salario, caja de ahorro y duración del contrato, peticiones que se niega a atender la empresa.
“Ellos presentan una convención colectiva con 38% de aumento de salario. Nosotros exigimos 45%, lo que la empresa considera inviable, pero nosotros hicimos un estudio económico que demuestra lo contrario”, indicó.
Por su parte, el secretario de Organización del Sindicato, Félix Zárate, puntualizó que 1.269 trabajadores están afectados por la negativa de Polar, de los cuales 517 están agremiados en esta agrupación laboral.
Afirmó que la planta ha incurrido en violaciones a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) e incluso se demostró que incumplía con las cotizaciones de algunos trabajadores ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
Puntualizó que la solución al conflicto está en manos de la alta gerencia de empresas Polar, que “insiste en desconocer el Estado de Derecho”.
Este no es el único reclamo laboral contra empresas Polar. El pasado 1° de junio, un grupo de ex-empleados se concentró en la sede principal de la empresa, ubicada en Los Cortijos, al este de Caracas, para exigir pago de indemnizaciones.
En esa oportunidad, el coordinador de los trabajadores de la región central, Jhonny Ricappa, informó que unos 5.000 ex empleados suman cinco años de lucha para que la empresa les cancele sus pagos.
Explicó que se trata de conductores de los camiones que distribuían los productos Polar y a quienes la empresa nunca reconoció como empleados porque eran tercerizados, para así no pagarles prestaciones sociales y demás beneficios laborales.
El 18 de septiembre pasado, el Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui (Cleanz) designó a la Comisión de Salud, Desarrollo Social y Derechos Laborables para que atienda la denuncia que hicieron ex trabajadores de la Polar sobre la violación de sus derechos durante 20 años.
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