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La cuestión de las sanciones impuestas a Irán por el Consejo de Seguridad aparece hoy fuera de la agenda oficial de ese órgano, al cumplirse este jueves un plazo fijado para la ejecución de esas medidas.
El programa de labores de ese cuerpo para esta jornada contiene puntos dedicados a Haití y a la elección de un miembro de la Corte Internacional de Justicia.
También celebrará una reunión del comité encargado del cumplimiento de la resolución 1373, adoptada el 28 de septiembre de 2001, a raíz de los atentados cometidos siete días antes contra las Torres Gemelas de Nueva York.
El pasado 9 de junio, el consejo adoptó una cuarta ronda de sanciones contra Irán por continuar adelante con un programa de desarrollo nuclear que Teherán asegura tiene fines pacíficos.
Ese paquete fue decidido por 12 votos a favor (Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia, China, México, Nigeria, Gabón, Bosnia y Herzegovina, Austria, Japón y Uganda), dos en contra (Brasil y Turquía) y una abstención (Líbano).
Las nuevas imposiciones se sumaron a otras anteriores acordadas por el mismo órgano de la ONU en diciembre 2006 (resolución 1737), marzo de 2007 (1747) y marzo de 2008 (1803).
El acuerdo adoptado hace hoy tres meses, fijó un plazo de 90 días para que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informe si Irán suspendió sus actividades de enriquecimiento y reprocesamiento de uranio y de investigación y desarrollo nuclear.
Hace tres días, medios de prensa internacionales afirmaron que ese reporte de la OIEA ya está listo y sostiene que en los últimos cuatro meses el país persa aumentó en un 15 por ciento (hasta las 2,8 toneladas) su producción de uranio.
No obstante, también reconoce que Teherán no desvía sus actividades nucleares hacia objetivos militares o prohibidos.
Por su parte, el vocero de la cancillería iraní, Ramin Mahmanparast, consideró el pasado martes que el informe del OIEA tiene un marcado sesgo político debido a las presiones de las potencias occidentales.
La resolución adoptada hace tres meses contiene una lista negra de 40 entidades presuntamente vinculadas al esquema nuclear iraní, veta la venta de varias clases de armamento al país persa, dispone la inspección de barcos de Irán en alta mar y limita las inversiones iraníes en el extranjero.
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