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Parte II
Las responsabilidades.
Existiendo un responsable
directo, tal como fue el Consejo Nacional de la Cultura (Conac), este
nunca dio la cara, por el contrario, cuando se le exigió explicación,
solo se limito a decir que más bien “el Madera estaba en deuda con
el Conac porque le faltaba cumplir con la mayor parte de las funciones
contratadas”. La embarcación, era una nave construida en Brasil,
compartida entre la Fundación del Niño y la Gobernación ambas de
la región, mantenida por el Comando Fluvial de Puerto Ayacucho. Por
su parte el Secretario General de la Asociación Profesional de Oficiales
de la Marina Mercante Oscar Naranjo, se limito a señalar que lo ocurrido
fue “producto de la escasez de controles que existe en el país sobre
las embarcaciones que navegan nuestras costas”, agregando además,
que “La Falka naufragó porque tenía vías de agua o perforaciones
en el casco, lo que permitió que se inundara el fondo y la nave
perdiera estabilidad hasta finalmente hundirse”.
La tripulación de la
embarcación pertenecientes a la Marina de Guerra estuvo comandada por
el maestro técnico de segunda Carlos Navas Espinola. La responsabilidad
del mantenimiento estaba en manos del Comando Fluvial “Frank Rísquez
Iribarren. Otros personas involucradas fueron los organizadores y
promotores
del Campamento Fluvial del Ministerio de la Juventud con Luis
Felipe Argotte como coordinador, Miguel Bastidas quien fungía de
representante
del Convenio Conac-Gobernación del estado y, el Capitán de Navío
Noel Hernández y el Secretario General de Gobierno Víctor Méndez.
Así mismo el uso de la embarcación es autorizada por Josefina
Patiño de Barrios como Presidenta de la Fundación del Niño del
Territorio
Federal Amazonas. Por su parte el Ministro de la Juventud Charles Brewer
Carias, quien al mismo tiempo participo en las labores de rescate, el
día 20 de agosto se limitó a publicar un comunicado negando la
relación de su despacho con la tragedia, señalando después en una
entrevista que le fue realizada el día 18 de septiembre y haciendo
alarde a su mejor gesto de compasión, que él pudo “observar aquellos
cuerpos mutilados o medio comidos por los peces, hinchados por la acción
de la descomposición”.
Transcurrido exactamente
un año, la Juez de Primera Instancia en el Territorio Federal Amazonas,
doctora Celina Hernández, declaró terminada la averiguación
con el dictamen de un fallo en el que “de conformidad a lo establecido
en el ordinal 1° del artículo 206 del Código de Enjuiciamiento
Criminal”, declarando que “la causa del accidente sólo puede
probarse pericialmente y la experticia correspondiente no pudo
efectuarse
por haber quedado los restos de la embarcación aprisionados en sitio
que no permite su recuperación”. En definitiva, todo el mundo se
lavó las manos ante la magnitud de un hecho donde hubo tantos
responsables, y donde la impunidad fue la única respuesta.
En el año 2008, al cumplirse
28 años de la tragedia, a través de medios de comunicación impresa,
conocimos de la acción emprendida por el ciudadano Noel Márquez
(hoy presidente de la Fundación Grupo Madera) a través de la cual
se dirigió a la Fiscalía General de la República con el propósito
–según sus palabras- de “establecer las sanciones penales,
civiles, administrativas contra los funcionarios que por acción y
omisión
incurrieron en la violación de las leyes y reglamentos causales de
la tragedia del Orinoco”, así mismo recalco que “la lucha
contra la impunidad y el olvido no está basada en el odio, retaliación
y venganza, solamente en ánimos del profundo deseo de justicia, quiero
decir medidas de protección y amparo para familiares de avanzada edad
de quienes perdieron la vida en esos trágicos hechos” (Diario
Vea, Sección Cultura, 15 de agosto de 2008)
Tal como se dice que
el “crimen no paga” desde nuestros espacios, los directamente
afectados nos gustaría conocer el desarrollo y resultados de la
mencionada
acción, si el caso es buscar justicia, no importa el tiempo que pase
pero que se haga.
Continuará.
(*)Psicóloga. Cofundadora del Grupo
Experimental Madera
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