Corte Constitucional le dijo no al acuerdo militar con Estados Unidos

La Corte Constitucional falló este martes una demanda de inconstitucionalidad en contra del acuerdo entre Colombia y Estados Unidos que contemplaba la presencia de personal uniformado estadounidense en siete bases militares en Colombia. En una decisión anunciada por el presidente del alto tribunal, Mauricio González, se determinó que dicho tratado debe ser devuelto al Ejecutivo, para que el ahora jefe del Estado, Juan Manuel Santos, lo lleve al Congreso para su respectivo trámite.

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"La Corte constató que no se está ante un acuerdo simplificado, sino frente a un instrumento que involucra nuevas obligaciones para el Estado colombiano", explicó González. Agregó que dicho acuerdo, firmado el 30 de octubre de 2009 en Bogotá, también supone la extensión de obligaciones adquiridas con anterioridad por Colombia.

Por todo ello "debió ser tramitado como tratado internacional”, es decir, “sometido a la aprobación del Congreso de la República y revisado posteriormente por la Corte Constitucional", puntualizó el magistrado.

González advirtió que este acuerdo bilateral queda sin vigencia y "no puede surtir efectos en el ordenamiento interno" hasta tanto no sea puesto a consideración del Congreso y sea aprobado por el mismo. No obstante, el Presidente de la Corte resaltó que sólo este acuerdo queda sin efecto y que los convenios anteriores se mantienen vigentes.

El acuerdo suscrito entre Colombia y Estados Unidos en 2009 contemplaba que personal estadounidense se instalara en las bases de Malambo, Atlántico; Palanquero, en el Magdalena Medio; Apiay, en el Meta; las bases navales de Cartagena y el Pacífico; el centro de entrenamiento de Tolemaida y la base del Ejército de Larandia, en el Caquetá. Por ahora, de acuerdo con la decisión de la Corte, nada de esto podrá ser.

Desde el año pasado, funcionarios del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe explicaron que el convenio no significaba la creación de bases militares estadounidenses como tal, y que las bases de Malambo, Palanquero y Apiay seguirían en manos colombianas sin restricciones, y los norteamericanos tendrían que solicitar el visto bueno de los oficiales nacionales para las misiones que desde allí se proyectaran.

Además, el gobierno mandó el mensaje tranquilizador de que no se incrementaría la presencia de efectivos gringos y se mantendrían máximo 800 militares y 600 contratistas.

En medio de la polémica que generó el anuncio del acuerdo, algunos analistas cuestionaron la posibilidad de que desde Palanquero, que es el corazón de todo el acuerdo, empiecen a operar aviones C-17, que son para transporte de logística y tropa, funciones más ligadas al combate que a la interdicción.

En teoría, con el acuerdo Colombia obtenía más recursos, tecnología y asesoramiento para operaciones contra el narcotráfico y los grupos armados para hacer trabajos de inteligencia en tiempo real, como la que facilitó la Operación ‘Jaque’ para liberar a 15 secuestrados por las Farc, entre ellos a Íngrid Betancourt.

Además, se esperaba que lo que Estados Unidos invirtiera en infraestructura se quedaría en el país. Sólo para Palanquero ya habían sido aprobados 42 millones de dólares.

La demanda de inconstitucionalidad fue instaurada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. El abogado Alirio Uribe, de esta ONG, dijo en su momento que ese acuerdo “tenía reserva legal”, es decir, que solamente se podía hacer mediante una ley del Congreso y pasándolo por la Corte Constitucional.

Otro de los argumentos del abogado era que la iniciativa no tenía reciprocidad con Colombia, ya que se debe entregar la soberanía y no se recibe nada a cambio.

El Consejo de Estado, en octubre de 2009, había emitido un concepto que sugería la necesidad del cumplimiento de que este acuerdo pasara primero por el Congreso, ya que no es la continuidad del que venía antes, sino un nuevo pacto. Según ese concepto, aunque el acuerdo “no plantea el tránsito de tropas hacia otro país, contempla la presencia de personal militar extranjero, lo mismo que de buques y aeronaves de guerra, algo que debe ser aprobado por una ley del Congreso”.

El polémico convenio ha sido criticado por varios países de Latinoamérica. De hecho fue el detonante de la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela que llevó a la primera ruptura de relaciones en agosto del año pasado, cuando el presidente venezolano Hugo Chávez decidió retirar su embajador y a casi todo el personal diplomático de Bogotá, por considerar una amenaza para su seguridad la actividad de militares estadounidenses en Colombia.

Armando Borrero, experto en seguridad y analista de Razonpublica.com, cree que con esta decisión no se afecta el tratado, pues el trámite en el Congreso, según dice, no tardará más de tres meses. “El Presidente (Juan Manuel Santos) tiene mayoría en el Congreso. Desde que se firmó el acuerdo hasta ahora no creo que haya habido mucha actividad en las bases, así que los estadounidenses tendrían que esperar un poco más”, aseguró.