Los resultados de la primera comparecencia del ex presidente Álvaro Uribe ante la Comisión de Acusaciones del Congreso colombiano dejó bajas expectativas para las víctimas de las intervensiones telefónicas ilegales, caso por el cual se adelanta la investigación contra el exmandatario.
En entrevista exclusiva para teleSUR, se contó con la participación del ex magistrado colombiano, José Gregorio Hernández, y una periodista colombiana víctima de las "chuzadas", Claudia Julieta Duque, quienes concuerdan que lo visto este jueves en el salón Boyacá proyecta un mal augurio para las víctimas y evidente impunidad para el ex presidente.
José Gregorio Hernández explicó que "en el país no hay mucha confianza de lo que pueda resultar de este proceso, porque la Comisión de Acusaciones y, en general, la Cámara de Representantes (...) están compuestas en su gran mayoría por miembros de los partidos, que apoyaron al expresidente Álvaro Uribe durante su Gobierno".
Prosiguió: "el proceso no es netamente judicial, tiene un gran componente político y ese componente político se va a reflejar sin duda a lo largo del proceso, en el sentido que quizá no se llegue a nada.
"No nos podemos engañar, no nos podemos crear falsas expectativas", sentenció el exmagistrado, al tiempo que advirtió que Uribe terminará exonerado de sus responsabilidades judiciales y políticas sobre el caso de las "chuzadas".
Por su parte, Claudia Julieta Duque subrayó que se vislumbra un mal augurio para las víctimas sobre este caso.
"Por el lado de la comisión de acusaciones (estamos) completamente pesimistas. Es una Comisión de corte uribista y uno de ellos (está) cuestionado por vínculos con una empresaria, que está condenada por paramilitarismo", mientras que "por el lado de la Fiscalía uno ve esfuerzos débiles, que han terminado en dos condenas de muy baja sentencia. Ocho años de prisión (dictaron) contra el exdirector de inteligencia y el director de contrainteligencia del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) y (vemos) una cantidad de acuerdos (...) que están dejando en la impunidad a la mayoría de los victimarios".
La víctima advirtió que "nos están vendiendo una justicia aparente y una impunidad total".
Aseguró que al final de proceso no se sabrá quién y por qué ordenaron las persecusiones.
Los analistas coincidieron también en que el recinto se convirtió en un espacio de proselitismo político y victimización a favor de Álvaro Uribe.
Además refirieron que los seguidores de Uribe, quienes lo acompañaron a esta comparecencia, en parte han sido investigados y condenados por irregularidades durante su gestión de Gobierno (2002-2010), quienes además profirieron consignas favorables a Uribe, amenazas a periodistas críticos y, a las afueras del salón Boyacá, agredieron a las partes acusadoras.
Víctimas deben participar
El ex magistrado colombiano subrayó que en este proceso se debe escuchar a las víctimas de las chuzadas de forma pública y con la debida difusión de los medios de comunicación.
Destacó que el tipo de dilegencia que se adelantaba este jueves no era el propicio para escuchar a las víctimas, debido a que allí se había convocado a Uribe para que presentara de forma libre su posición en cuanto a la investigación.
Sin embargo, a partir de ahora se abre paso a la posibilidad "necesaria" de que las víctimas sean escuchadas en el curso del proceso, lo cual se debe realizar "frente al país, frente al mundo, porque aquí hay crímenes de lesa humanidad, (...) persecusión contra magistrados y ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, contra periodistas, contra miembros de partidos de oposición".
Explicó que mediante estos testimonios se determinaría la responsabilidad jurídica de parte del ex jefe de Estado o si podría existir una responsabilidad política.
Nueva ley de inteligencia
Para la periodista Claudia Julieta Duque, la nueva Ley de Inteligencia y Contrainteligencia que se debate en las distintas instancias del Gobierno colombiano, podría concluir en el incremento de las víctimas de espionaje por parte de la inteligencia colombiana.
Refirió que sobre el texto legal se han explicando los elementos, sobre los cuales se ejercerán controles. Sin embargo, la Ley establece "labores ultrasecretas" por parte del Estado colombiano que serían controladas.
"La inteligencia con el argumento de que está trabajando en cosas ultrasecretas podría de alguna manera evadir cualquier tipo de control y no responder a nadie", advirtió.
Comentó que el espionaje ilegal sería el caso de menor gravedad, ya que se abre un abanico de posibilidades para los organismos de inteligencia con el apoyo de una Ley.
teleSUR-ag
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