El ex magistrado Luis Velásquez Alvaray, acusado de corrupción por presuntas irregularidades en la construcción de un edificio judicial en su país, vive desde hace cuatro años en Costa Rica en condición de refugiado, informó este miércoles la prensa local. Fuentes de la dirección de Migración confirmaron a Efe que Velásquez llegó a Costa Rica en 2006 y solicitó el estatus de refugiado argumentando que su vida corría peligro en Venezuela, por lo que se le otorgó este beneficio.
En el país centroamericano el ex magistrado tiene inversiones en educación y bienes raíces. Velásquez es un ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que fue acusado por un ministro y luego destituido por la unicameral Asamblea Nacional, ante la cual no se defendió.
En 2008, la Fiscalía abrió un proceso en su contra y emitió una orden de captura. En una entrevista publicada por el diario La Nación, el ex funcionario sostuvo que fue víctima de amenazas por su trabajo como juez y por sus denuncias contra grupos narcotraficantes en Venezuela. Indicó que al momento de abandonar su país, en junio de 2006, era perseguido por grupos del Estado.
En marzo de ese mismo año, el entonces titular del despacho del Interior y Justicia, Jesse Chacón, presentó documentos según los cuales Velásquez había incurrido en delitos de corrupción en la compra de terrenos en Caracas para la sede de una serie de dependencias judiciales.
Velásquez renunció en junio de 2006 a la presidencia de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) y a una comisión creada por el Supremo para "depurar" el poder judicial. Tras esto, dijo ser "víctima política" de funcionarios del Gobierno, como el ex vicepresidente José Vicente Rangel, a quienes acusó de otros hechos de corrupción, aunque desvinculó de ello al presidente Hugo Chávez.
Entre esas denuncias de Velásquez destacó una que apuntó a la existencia en el ámbito judicial venezolano de una llamada "tribu de los enanos", que supuestamente compra y dirige las sentencias en función de los intereses de sus representados.
Acerca de la orden de captura en su contra, indicó que ya presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de Venezuela donde "se demuestra la violación" a sus derechos.
Velásquez aseguró a La Nación que el proceso de la compra de los terrenos fue "transparente" y que las acusaciones en su contra son falsas.
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