Qué bueno estar errado

Hay ocasiones en que uno quiere estar equivocado.

La semana pasada escribí en la columna “Letra Terca”, en Ciudad CCS lo siguiente sobre la detención de Julián Conrado, dirigente de las FARC: “Acaba de confirmarse la detención en Barinas del guerrillero y trovador colombiano Julián Conrado, suerte de Alí Primera de guitarra y fusil, solicitado por Bogotá a través de Interpol. A diferencia del caso de Joaquín Pérez Becerra, cuya nacionalidad sueca ofrecía opción distinta a la deportación a Colombia, esta vez no parece haber más alternativa para el Gobierno que entregarlo, según la norma internacional. Ojalá hubiera una opción distinta, entre otras cosas por razones humanitarias. Hace semanas, Conrado se presentó ante unos cultores venezolanos para pedir ayuda, pues había llegado aquí por sus propios medios aquejado por problemas de salud. Después desapareció, hasta ayer que se supo de su detención”.

Cito esas líneas para que quede clara su tónica. Y lo hago con el deseo de estar equivocado en mi apreciación acerca de la situación jurídica del detenido.
Ignacio Ramírez, secretario de la Asociación Americana de Juristas, capítulo Venezuela, me envió una carta aclarando que Conrado tiene la opción de pedir asilo político o estatus de refugiado y el Estado la obligación de responderle antes de 90 días. Si la solicitud es rechazada, él puede ejercer recursos contra la negativa. La entrega, en fin, “no es inexorable”, dice Ramírez, quien recalca el derecho de Conrado a ser asistido por un abogado.

Desde la oposición light, Ilenia Medina y Rafael Uzcátegui, dirigentes de PPT, publicaron un artículo en Aporrea.org que discrepa de mi opinión. Allí recuerdan que Juan M. Santos reconoció hace poco que en su país hay un conflicto armado. Para ellos, la Convención de Ginebra impide al gobierno de un país neutral, como se ha declarado Venezuela frente al conflicto colombiano, entregar a un combatiente enfermo a una de las partes del conflicto, o sea, a Bogotá. Plantean entregarlo a otro país neutral.

Por lo visto, opciones jurídicas hay. Falta tomar el pulso al contexto político. La oligarquía guerrerista colombiana espera cualquier excusa para hacerle un vacío a la instalación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), el 5 de julio en Caracas, sucesora de la OEA, pero con Cuba y sin EEUU (ni Canadá). El antichavismo local apuesta también a su fracaso. Amanecerá y veremos.

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