En un artículo de su edición del sábado y disponible ya en su página de internet, el diario, que cita a funcionarios "familiares con los debates internos de la Administración", explica que tanto el consejero legal del Pentágono, Jeh Johnson, como la responsable de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, Caroline Krass, opinaban que la intervención equivalía a unas "hostilidades".
La Ley de Poderes de Guerra, que data de 1973, obliga al presidente estadounidense a solicitar la autorización del Congreso en un plazo de noventa días si decide enviar tropas a enfrentarse a "hostilidades" en el exterior.
Finalmente, Obama decidió inclinarse por la opinión de otros expertos legales dentro de su administración, como el consejero legal de la Casa Blanca, Bob Bauer, o el asesor legal del Departamento de Estado, Harold Koh, quienes opinaban que la participación de EE.UU. no equivale a "hostilidades" y por lo tanto no es necesario el "sí" del Capitolio.
Aunque los presidentes de EE.UU. tienen autoridad para hacer caso omiso de las recomendaciones de la Oficina de Asesoría Legal, es muy raro que lo hagan.
Dado que la intervención aliada en Libia comenzó el pasado 18 de marzo, los noventa días se cumplen el domingo.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, advirtió a Obama que a menos que retire a las tropas o reciba el visto bueno del Congreso, estará violando la Ley de Poderes de Guerra.
El portavoz de la Casa Blanca Eric Schultz declaró al diario que la decisión de Obama estuvo precedida de "un proceso robusto y una exposición completa de puntos de vista dentro de la Administración".
"No debería ser una sorpresa que haya habido desacuerdos, incluso dentro de la misma Adminstración, acerca de la aplicación de una normativa que data de hace casi cuarenta años a un conflicto en proceso de evolución y de carácter único", agregó Schultz.
La opinión de la Casa Blanca se transmitió al Congreso el pasado miércoles en un documento de 30 páginas.
Boehner rechazó los argumentos de la residencia presidencial al declarar que "no resisten la prueba de decirlos con la cara seria".
EE.UU. encabezó en un primer momento la misión aliada en Libia para proteger a los civiles e imponer una zona de exclusión aérea, aunque a finales de marzo traspasó el mando a la OTAN.
Desde entonces, su participación se limita a tareas de apoyo, en particular de vigilancia, aunque también ha participado en ataques con aviones no tripulados.
La Casa Blanca ha enfatizado que en la operación, que acumula un coste para EE.UU. de 715 millones de dólares desde su comienzo, no se han desplegado soldados sobre el terreno.
La Ley de Poderes de Guerra, que data de 1973, obliga al presidente estadounidense a solicitar la autorización del Congreso en un plazo de noventa días si decide enviar tropas a enfrentarse a "hostilidades" en el exterior.
Finalmente, Obama decidió inclinarse por la opinión de otros expertos legales dentro de su administración, como el consejero legal de la Casa Blanca, Bob Bauer, o el asesor legal del Departamento de Estado, Harold Koh, quienes opinaban que la participación de EE.UU. no equivale a "hostilidades" y por lo tanto no es necesario el "sí" del Capitolio.
Aunque los presidentes de EE.UU. tienen autoridad para hacer caso omiso de las recomendaciones de la Oficina de Asesoría Legal, es muy raro que lo hagan.
Dado que la intervención aliada en Libia comenzó el pasado 18 de marzo, los noventa días se cumplen el domingo.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, advirtió a Obama que a menos que retire a las tropas o reciba el visto bueno del Congreso, estará violando la Ley de Poderes de Guerra.
El portavoz de la Casa Blanca Eric Schultz declaró al diario que la decisión de Obama estuvo precedida de "un proceso robusto y una exposición completa de puntos de vista dentro de la Administración".
"No debería ser una sorpresa que haya habido desacuerdos, incluso dentro de la misma Adminstración, acerca de la aplicación de una normativa que data de hace casi cuarenta años a un conflicto en proceso de evolución y de carácter único", agregó Schultz.
La opinión de la Casa Blanca se transmitió al Congreso el pasado miércoles en un documento de 30 páginas.
Boehner rechazó los argumentos de la residencia presidencial al declarar que "no resisten la prueba de decirlos con la cara seria".
EE.UU. encabezó en un primer momento la misión aliada en Libia para proteger a los civiles e imponer una zona de exclusión aérea, aunque a finales de marzo traspasó el mando a la OTAN.
Desde entonces, su participación se limita a tareas de apoyo, en particular de vigilancia, aunque también ha participado en ataques con aviones no tripulados.
La Casa Blanca ha enfatizado que en la operación, que acumula un coste para EE.UU. de 715 millones de dólares desde su comienzo, no se han desplegado soldados sobre el terreno.
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