Bogotá, agosto 18 - Hasta tanto el Gobierno Nacional vuelva a tramitar
con el visto bueno y beneplácito del Congreso un tratado de
cooperación, personal norteamericano no podrá hacer uso de siete bases
militares colombianas que habían sido dispuestas en virtud de un
acuerdo firmado el 30 de octubre del año pasado entre ambos países con
el fin de combatir el narcoterrorismo. Así lo dispuso este martes la
Corte Constitucional al tumbar el controvertido acuerdo que causó
roncha en el vecindario y fue tomado como pretexto por el presidente de
Venezuela, Hugo Chávez, para congelar las relaciones comerciales con
Bogotá.
Al refrendar la posición del magistrado ponente, Jorge Iván Palacio, el alto tribunal consideró que el acuerdo para que contratistas y soldados norteamericanos pudieran desarrollar operaciones en las bases de Malambo (Atlántico), Palanquero (Magdalena Medio), Apiay (Meta), las bases navales de Cartagena y el Pacífico, el centro de entrenamiento de Tolemaida y la base del Ejército de Larandia (Caquetá), excedía las competencias del Ejecutivo al fijar los alcances de este convenio de cooperación en defensa y seguridad. En criterio de la Corte, lo dispuesto por ambos países no era un acuerdo sino un tratado. En palabras castizas, significa que el Parlamento debía aprobar su contenido.
El principal argumento que dieron la mayoría de los magistrados para dejar sin efectos el acuerdo fue que estipulaba inmunidad judicial de la que podrían gozar los norteamericanos en caso de verse involucrados en actividades ilícitas. Una autorización que fue criticada en su momento por la Procuraduría y el Consejo de Estado. Los magistrados Mauricio González, Nilson Pinilla y Jorge Pretelt se apartaron de la decisión mayoritaria al considerar, en esencia, que el grueso de los instrumentos enmarcados en el acuerdo, que tendría una vigencia inicial de 10 años y sería renovable por períodos iguales, ya formaban parte de otros convenios avalados por ambos países desde hace décadas.
“El proyecto de acuerdo, tanto en su objeto como en su contenido obligacional, es muy amplio y desbalanceado para el país”, conceptuó la Sala Plena del Consejo de Estado el 13 de octubre del año pasado. En dicho documento, el Consejo de Estado advirtió que por los alcances inéditos de la cooperación debía ser sometido a las instancias ordinarias del control democrático como el Congreso, y consideró que, para garantizar la soberanía y la conveniencia para los intereses nacionales, era imperioso “renegociar los términos de inmunidad, cuyo desequilibrio fluye del otorgamiento de inmunidad al personal de los Estados Unidos sin discriminación alguna”.
La discusión en el interior de la Corte giró en torno a si este acuerdo bilateral incorporaba compromisos nuevos para el Estado colombiano, que estaban por fuera de la órbita del Presidente y, por ende, se necesitaba la bendición del Congreso. Asimismo, si la presencia de militares de Estados Unidos excedía negociaciones suscritas en los últimos 50 años para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Seis magistrados concluyeron que sí hubo extralimitaciones. Los restantes argumentaron que, al dejar el acuerdo sin efectos, se podía afectar la buena fe que rige las relaciones entre Colombia y EE.UU.
Tanto el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, como el de Defensa, Rodrigo Rivera, se pronunciaron en el sentido de que el Gobierno acata el fallo de la Corte y reiteraron la importancia de las relaciones entre ambos países en asuntos de seguridad y defensa en la lucha contra el narcotráfico. “El Gobierno resalta que esto no afecta los acuerdos previamente suscritos y vigentes con ambos gobiernos, que se seguirán cumpliendo de buena fe”, señaló Rivera. Desde que se empezó a cuajar el acuerdo de cooperación militar, peros no le han faltado, desde distintas orillas y de organismos de control.
Por ejemplo, el acuerdo estipulaba permitir el acceso y uso a siete instalaciones militares colombianas en donde los norteamericanos tendrían entrada libre de aeronaves al territorio colombiano, el uso de la infraestructura de la red de telecomunicaciones, “sin trámite ni concesión de licencia ni costo alguno”; el establecimiento de estaciones receptoras por satélite de difusión de radio y televisión; el ingreso de personal de EE.UU. a Colombia sin necesidad de pasaporte; o exonerar “del cobro de alquiler y costo sobre los bienes propiedad de Colombia que sean necesarios para llevar a cabo la actividad del acuerdo”. Dichas estipulaciones regían para militares y civiles estadounidenses, sus cónyuges e hijos, contratistas empleados de los contratistas y observadores de terceros Estados.
Como perla, se establecían exenciones tributarias para estas personas y que sus ingresos percibidos por los servicios prestados en virtud del acuerdo no estarían “sometidos a los gravámenes de Colombia”, como el pago de impuestos por entrada y salida del país, y hasta peajes de vías no concesionadas. Todas estas gabelas le parecieron a la Corte Constitucional un exceso en las funciones del Ejecutivo y en eso coincidieron tanto la oposición como cercanos colaboradores del jefe de Estado, Juan Manuel Santos, y su antecesor, Álvaro Uribe. Armando Benedetti, presidente del Congreso, señaló que suponía que iba a caerse en la Corte. “Viene un debate muy duro, no sabría cómo va a reaccionar el Congreso, imagino que en favor de Santos”.
A su turno, el parlamentario con mayor votación en el país, Juan Lozano, indicó que buscará que el trámite del tratado sea aprobado y debatido, y que los partidos de la llamada Unidad Nacional “haremos todo lo posible para que sea ratificado”. Por su parte, el senador Luis Fernando Velasco recordó que muchos advirtieron que el pasado gobierno cometió un error garrafal durante este trámite, “pues no sólo concentró poderes al estilo virreinal, sino que se olvidó de que cuando se debaten temas sobre la soberanía tiene que estar representado el pueblo, y la representación de éste en nuestro sistema democrático se llama Congreso”. El senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo vaticinó que es muy probable que una vez se surta el proyecto en el Legislativo, la Corte lo tumbe no por razones de forma sino de fondo. “No hay artículo de la Constitución que permita acantonar tropas extranjeras en territorio nacional”.
Como algunos anticiparon desde que se firmó el controvertido acuerdo, éste estaba destinado a hundirse en la Corte Constitucional. ¿Seguirá el gobierno Santos insistiendo en la aplicación de un tratado de cooperación como éste?
Al refrendar la posición del magistrado ponente, Jorge Iván Palacio, el alto tribunal consideró que el acuerdo para que contratistas y soldados norteamericanos pudieran desarrollar operaciones en las bases de Malambo (Atlántico), Palanquero (Magdalena Medio), Apiay (Meta), las bases navales de Cartagena y el Pacífico, el centro de entrenamiento de Tolemaida y la base del Ejército de Larandia (Caquetá), excedía las competencias del Ejecutivo al fijar los alcances de este convenio de cooperación en defensa y seguridad. En criterio de la Corte, lo dispuesto por ambos países no era un acuerdo sino un tratado. En palabras castizas, significa que el Parlamento debía aprobar su contenido.
El principal argumento que dieron la mayoría de los magistrados para dejar sin efectos el acuerdo fue que estipulaba inmunidad judicial de la que podrían gozar los norteamericanos en caso de verse involucrados en actividades ilícitas. Una autorización que fue criticada en su momento por la Procuraduría y el Consejo de Estado. Los magistrados Mauricio González, Nilson Pinilla y Jorge Pretelt se apartaron de la decisión mayoritaria al considerar, en esencia, que el grueso de los instrumentos enmarcados en el acuerdo, que tendría una vigencia inicial de 10 años y sería renovable por períodos iguales, ya formaban parte de otros convenios avalados por ambos países desde hace décadas.
“El proyecto de acuerdo, tanto en su objeto como en su contenido obligacional, es muy amplio y desbalanceado para el país”, conceptuó la Sala Plena del Consejo de Estado el 13 de octubre del año pasado. En dicho documento, el Consejo de Estado advirtió que por los alcances inéditos de la cooperación debía ser sometido a las instancias ordinarias del control democrático como el Congreso, y consideró que, para garantizar la soberanía y la conveniencia para los intereses nacionales, era imperioso “renegociar los términos de inmunidad, cuyo desequilibrio fluye del otorgamiento de inmunidad al personal de los Estados Unidos sin discriminación alguna”.
La discusión en el interior de la Corte giró en torno a si este acuerdo bilateral incorporaba compromisos nuevos para el Estado colombiano, que estaban por fuera de la órbita del Presidente y, por ende, se necesitaba la bendición del Congreso. Asimismo, si la presencia de militares de Estados Unidos excedía negociaciones suscritas en los últimos 50 años para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Seis magistrados concluyeron que sí hubo extralimitaciones. Los restantes argumentaron que, al dejar el acuerdo sin efectos, se podía afectar la buena fe que rige las relaciones entre Colombia y EE.UU.
Tanto el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, como el de Defensa, Rodrigo Rivera, se pronunciaron en el sentido de que el Gobierno acata el fallo de la Corte y reiteraron la importancia de las relaciones entre ambos países en asuntos de seguridad y defensa en la lucha contra el narcotráfico. “El Gobierno resalta que esto no afecta los acuerdos previamente suscritos y vigentes con ambos gobiernos, que se seguirán cumpliendo de buena fe”, señaló Rivera. Desde que se empezó a cuajar el acuerdo de cooperación militar, peros no le han faltado, desde distintas orillas y de organismos de control.
Por ejemplo, el acuerdo estipulaba permitir el acceso y uso a siete instalaciones militares colombianas en donde los norteamericanos tendrían entrada libre de aeronaves al territorio colombiano, el uso de la infraestructura de la red de telecomunicaciones, “sin trámite ni concesión de licencia ni costo alguno”; el establecimiento de estaciones receptoras por satélite de difusión de radio y televisión; el ingreso de personal de EE.UU. a Colombia sin necesidad de pasaporte; o exonerar “del cobro de alquiler y costo sobre los bienes propiedad de Colombia que sean necesarios para llevar a cabo la actividad del acuerdo”. Dichas estipulaciones regían para militares y civiles estadounidenses, sus cónyuges e hijos, contratistas empleados de los contratistas y observadores de terceros Estados.
Como perla, se establecían exenciones tributarias para estas personas y que sus ingresos percibidos por los servicios prestados en virtud del acuerdo no estarían “sometidos a los gravámenes de Colombia”, como el pago de impuestos por entrada y salida del país, y hasta peajes de vías no concesionadas. Todas estas gabelas le parecieron a la Corte Constitucional un exceso en las funciones del Ejecutivo y en eso coincidieron tanto la oposición como cercanos colaboradores del jefe de Estado, Juan Manuel Santos, y su antecesor, Álvaro Uribe. Armando Benedetti, presidente del Congreso, señaló que suponía que iba a caerse en la Corte. “Viene un debate muy duro, no sabría cómo va a reaccionar el Congreso, imagino que en favor de Santos”.
A su turno, el parlamentario con mayor votación en el país, Juan Lozano, indicó que buscará que el trámite del tratado sea aprobado y debatido, y que los partidos de la llamada Unidad Nacional “haremos todo lo posible para que sea ratificado”. Por su parte, el senador Luis Fernando Velasco recordó que muchos advirtieron que el pasado gobierno cometió un error garrafal durante este trámite, “pues no sólo concentró poderes al estilo virreinal, sino que se olvidó de que cuando se debaten temas sobre la soberanía tiene que estar representado el pueblo, y la representación de éste en nuestro sistema democrático se llama Congreso”. El senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo vaticinó que es muy probable que una vez se surta el proyecto en el Legislativo, la Corte lo tumbe no por razones de forma sino de fondo. “No hay artículo de la Constitución que permita acantonar tropas extranjeras en territorio nacional”.
Como algunos anticiparon desde que se firmó el controvertido acuerdo, éste estaba destinado a hundirse en la Corte Constitucional. ¿Seguirá el gobierno Santos insistiendo en la aplicación de un tratado de cooperación como éste?
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