Bogotá, agosto 19 - El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe y tres ex
ministros de ese país, serán demandados por el Colectivo de Abogados
José Alvéar Restrepo, por traición a la Patria, abuso de poder y
prevaricato, tras firmar el acuerdo entre Washington y Bogotá para la
instalación de siete bases militares en territorio colombiano.
La denuncia será tramitada ante la Fiscalía General de esa nación contra los ex ministros de Defensa, Gabriel Silva Luján, de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez y del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio.
La organización no gubernamental de los Derechos Humanos en Colombia argumenta, a través de un comunicado, que la administración de Uribe desconoció las obligaciones constitucionales y legales al comprometer la soberanía nacional y seguridad del Estado.
La corresponsal de teleSUR, Tatiana Pérez, informó que la organización de DD.HH. interpondrá la demanda la próxima semana en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia, para que Uribe sea investigado por las acusaciones antes mencionadas y en la Fiscalía General se acusarán a los tres ministros, por haber rubricado el acuerdo.
El acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos "compromete la soberanía nacional al establecerse la cesión de porciones considerables y estratégicas del territorio, del espacio aéreo, marítimo y del espectro electromagnético a favor de los Estados Unidos", agregó el Colectivo.
Además señaló, que el ex presidente Uribe y sus ministros de Defensa, de Relaciones Exteriores y del Interior han incurrido en una actuación de hecho, al haber procedido arbitrariamente por sus conductas punibles de abuso de autoridad y traición a la Patria.
El Colectivo de Abogados llamó al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a reconsiderar dicho acuerdo por sus "lesivos impactos sobre las relaciones diplomáticas de Colombia en la región, pero sobre todo por la afectación negativa que conlleva de la soberanía nacional y su impacto sobre los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, y frente a la necesidad de encontrar una solución política negociada al conflicto armado en Colombia".
Este martes, el presidente de la Corte Constitucional de Colombia, Mauricio González, leyó el fallo de ese tribunal que ordena que el acuerdo para la instalación de siete bases militares estadounidenses en ese país sea devuelto al Presidente de la República, para su corrección y posterior entrega al Congreso, para lo cual tiene un año de plazo.
En la Sala Plena extraordinaria se le dio un año de plazo al Gobierno colombiano para que corrija y tramite ante el Congreso el acuerdo suscrito durante la administración de Álvaro Uribe, que invocó razones de seguridad del Estado para evitar que el documento pasara por el Congreso, como ordena la Constitución.
El acuerdo para la instalación de las siete bases militares fue firmado en octubre de 2009, por el ex canciller Jaime Bermúdez y el embajador de EE.UU. en Bogotá, William Brownfield.
Los mandatarios suramericanos, entre ellos los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez; de Bolivia, Evo Morales; y de Ecuador, Rafael Correa; se han pronunciado en varias ocasiones en contra, al considerar que el pacto representa un peligro para la estabilidad y paz en la región.
En noviembre de 2009, un documento del Departamento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (EE.UU.) reveló que el acuerdo que firmó ese país con Colombia, sobre todo el relacionado con condicionamiento de la base de Palanquero (centro), tiene el propósito de preparar acciones de Inteligencia, Espionaje y Reconocimiento (IER) contra países del continente.
La denuncia será tramitada ante la Fiscalía General de esa nación contra los ex ministros de Defensa, Gabriel Silva Luján, de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez y del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio.
La organización no gubernamental de los Derechos Humanos en Colombia argumenta, a través de un comunicado, que la administración de Uribe desconoció las obligaciones constitucionales y legales al comprometer la soberanía nacional y seguridad del Estado.
La corresponsal de teleSUR, Tatiana Pérez, informó que la organización de DD.HH. interpondrá la demanda la próxima semana en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia, para que Uribe sea investigado por las acusaciones antes mencionadas y en la Fiscalía General se acusarán a los tres ministros, por haber rubricado el acuerdo.
El acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos "compromete la soberanía nacional al establecerse la cesión de porciones considerables y estratégicas del territorio, del espacio aéreo, marítimo y del espectro electromagnético a favor de los Estados Unidos", agregó el Colectivo.
Además señaló, que el ex presidente Uribe y sus ministros de Defensa, de Relaciones Exteriores y del Interior han incurrido en una actuación de hecho, al haber procedido arbitrariamente por sus conductas punibles de abuso de autoridad y traición a la Patria.
El Colectivo de Abogados llamó al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a reconsiderar dicho acuerdo por sus "lesivos impactos sobre las relaciones diplomáticas de Colombia en la región, pero sobre todo por la afectación negativa que conlleva de la soberanía nacional y su impacto sobre los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, y frente a la necesidad de encontrar una solución política negociada al conflicto armado en Colombia".
Este martes, el presidente de la Corte Constitucional de Colombia, Mauricio González, leyó el fallo de ese tribunal que ordena que el acuerdo para la instalación de siete bases militares estadounidenses en ese país sea devuelto al Presidente de la República, para su corrección y posterior entrega al Congreso, para lo cual tiene un año de plazo.
En la Sala Plena extraordinaria se le dio un año de plazo al Gobierno colombiano para que corrija y tramite ante el Congreso el acuerdo suscrito durante la administración de Álvaro Uribe, que invocó razones de seguridad del Estado para evitar que el documento pasara por el Congreso, como ordena la Constitución.
El acuerdo para la instalación de las siete bases militares fue firmado en octubre de 2009, por el ex canciller Jaime Bermúdez y el embajador de EE.UU. en Bogotá, William Brownfield.
Los mandatarios suramericanos, entre ellos los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez; de Bolivia, Evo Morales; y de Ecuador, Rafael Correa; se han pronunciado en varias ocasiones en contra, al considerar que el pacto representa un peligro para la estabilidad y paz en la región.
En noviembre de 2009, un documento del Departamento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (EE.UU.) reveló que el acuerdo que firmó ese país con Colombia, sobre todo el relacionado con condicionamiento de la base de Palanquero (centro), tiene el propósito de preparar acciones de Inteligencia, Espionaje y Reconocimiento (IER) contra países del continente.
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